Roca.- Integrantes del Concejo Deliberante de General Roca presentaron una denuncia contra dirigentes de la toma de terrenos en Villa Obrera, a quienes acusaron de “ñoquis” y de haberse desempeñado como empleados provinciales cobrando sueldos en tanto acusaban ser desocupados y promovían la ocupación ilegal.
La denuncia fue realizada presentando copias de recibos de sueldo “que demuestran que los cabecillas son funcionarios del anterior gobierno radical” sostuvieron.
En la presentación sostuvieron además que hubo amenazas hacia vecinos del barrio. Respecto a la documentación agregada ante la justicia, indicaron que “prueba contundentemente el carácter político de la ocupación ilegítima de lotes”.
Concretamente, la acusación partió hacia Martín Olivera, referente de esa ocupación, y María Inés Gomez, integrante de esa toma, sobre quienes se presentaron recibos que los acreditarían como “agentes de la administración pública provincial al momento de iniciar la usurpación de los lotes de Villa Obrera”.
Así lo señaló el presidente del Concejo Deliberante de General Roca, Luis Di Giácomo, quien sostuvo que “esto demuestra que no eran desocupados ni necesitados sino que Olivera y Gómez eran funcionarios radicales pagados para desestabilizar nuestro gobierno municipal”.
Desde el Concejo se informó que Olivera “prestó servicios en la Secretaría de Trabajo revistiendo como funcionario desde el 23 de diciembre del 2010, con una remuneración mensual mayor a los 6 mil pesos. Por su parte, Gómez habría prestado tareas desde el 2 de marzo del año pasado, en la Unidad de Asistencia a Presos y Liberados , bajo el régimen de la ley provincial Nº 1844 o Nº 2094, percibiendo un haber de más de 4 mil pesos”.
“Los mencionados imputados, lejos se encuentran de la situación de indigencia o pobreza permanentemente alegada por aquellos como justificante de su accionar; como tampoco de la necesidad habitacional esgrimida por los mismos” señalaron en un comunicado.
Además sostuvieron que no se han adoptado medidas concretas por parte de la justicia para evitar que la ocupación ilegal de las tierras en el barrio se consolide. De hecho, se advirtió respecto al continuo ingreso de materiales de construcción, y la consecuente edificación de casas de mayor solidez y envergadura en el sector.
También advirtieron respecto a otro punto, hasta ahora no conocido, y que se refiere a que desde su constitución a esta parte, los integrantes de la ocupación de los terrenos habrían ido cambiando. Por ello es que se solicitó que desde la justicia se “ordene la realización de un nuevo relevamiento a los fines de corroborar los actuales ocupantes del predio”.
