Roca.- La anunciada decisión del juez Victor Sodero Nievas de continuar en el cargo al menos hasta comienzos de 2013, y la posición del gobernador Weretilneck en cuanto a desestimar el juicio político hacia el magistrado, generaron una polémica entre sectores del gobierno provincial.
En tanto el gobernador sostuvo que cae "en abstracto" el juicio promovido contra Sodero, el intendente de Roca y uno de los principales referentes del "sorismo", Martín Soria, cuestionó duramente esa posición.
Remarcó que “este retiro diferido y pactado no resulta aceptable para la ciudadanía ni para el servicio de justicia".
Soria emitió un comunicado en la tarde del miércoles, fijando posición luego de una jornada en la que se sucedieron repercusiones ante la mediática aparición de Sodero anunciando su continuidad hasta enero del año próximo.
"Ahora estamos ante el desesperado anuncio verbal de uno de los peores jueces que registre la historia judicial argentina. No es casual que a pocas horas de que una comisión de la Legislatura comience a ventilar las pruebas que acreditan las irregularidades y los hechos de corrupción judicial cometidos por este oscuro personaje, salga a anunciar públicamente que su ciclo está cumplido y que se va. Esto confirma lo que oportunamente sostuve, Sodero Nievas se va a querer escapar como rata por tirante” señaló Soria.
El gobernador, Alberto Weretilneck, había manifestado en declaraciones a la prensa a la mañana que se debería desestimar la promoción del juicio político contra Sodero habida cuenta de las intenciones del juez de retirarse a comienzos de 2013. “Desde el momento en que el juez ha planteado que renuncia me parece que se considera abstracto el pedido de juicio político elevado oportunamente contra Sodero Nievas. No tendría ningún sentido someter a juicio político a una persona que ya manifestó que termina su etapa” señaló el mandatario.
Por su parte, Soria consideró así y todo que “no es el momento de ser imprudentes, antes de hablar acerca de la posibilidad de cerrar un juicio político contra un funcionario público, corresponde analizar las imputaciones y las pruebas que acrediten o no el incorrecto cumplimiento de los deberes y las funciones a su cargo. Lo contrario sería canjear impunidad y terminar haciendo exactamente lo mismo que hicieron los atorrantes que integraban el gobierno de Miguel Saiz”.
En otro párrafo del comunicado emitido consideró que "¿cómo se entiende que, por un lado, diga que su ciclo está agotado y que, por otro, postergue hasta dentro de ocho meses su efectiva renuncia? O se va o no se va. Este retiro diferido y pactado no resulta aceptable para la ciudadanía ni para el servicio de justicia, que tendrá en su conducción a alguien que ya tiene un pie afuera, una denuncia penal y un juicio político en marcha".
