Roca.- El enfrentamiento entre perjudicados del plan de viviendas “viales” sigue su curso, y parece ser agravándose aun más, en tanto las autoridades provinciales poco han mostrado hasta ahora para solucionar el conflicto.
La asamblea reunida el viernes pasado, que nuclear a los perjudicados que no ocuparon viviendas, acusaron a un abogado de “instigar” la ocupación de las casas, y de la presencia de “punteros del radicalismo”, aunque sin dar nombres.
El comunicado difundido en la madrugada de este lunes señala tras la asamblea que “atribuimos al IPPV y a su Interventor Luis Bardeggia la responsabilidad de generar este nuevo conflicto, ya que a lo largo de 6 meses de negociaciones (diciembre 2011 a junio 2012) no se preocuparon por buscar alternativas de solución o diseño de una política pública que albergue a la totalidad de los damnificados del plan 167 viviendas, que reúnen las condiciones para ser aspirantes y/o adjudicatarios de una vivienda”.
Luego acusaron “al Dr. Nicolás Suárez Colman, quien habría instigado y/o incitado la usurpación de las 167 viviendas mediante una interpretación forzada del texto legal, al manifestar a los ocupantes del predio que constituía el mismo encuadre jurídico el hecho de estar dentro de éste (ocupación pacífica) o ingresar dentro de las viviendas (usurpación), situación que generó gran confusión entre los ocupantes, culminando con el ingreso mayoritario a las viviendas”.
El comunicado avanza en otro aspecto al señalar que “los ex integrantes de la comisión de damnificados, Gustavo Gerbán, Fernando Mariconda y Edith Navarrete han dejado de pertenecer a la comisión de damnificados de la Asamblea, en virtud de considerar que habrían traicionado el mandato de la Asamblea, de ocupación pacífica del predio para presionar en búsqueda de una solución para todos, y no la usurpación de viviendas para beneficio personal, postura que habrían adoptado una vez dentro del predio y que seguirían apoyando actualmente”.
Luego señalaron una posible intromisión con intereses políticos, indicando “que la toma estaría siendo manipulada por personas que estarían identificadas como punteros del radicalismo”.
"Que no se estaría respetando la restricción de ingreso y egreso de personas al predio, de conformidad con lo ordenado por el juez de Instrucción, situación que podría devenir en un agravamiento de la situación" indicando.
